El viernes 20 de febrero de 2004 el diario económico Expansión publicaba una columna de Juan Vicente Sánchez-Andrès sobre el lamentable estado de la universidad española. Señalaba un hecho cierto: mientras que ninguna de las universidades españolas estaba entre las 100 primeras del mundo dos instituciones privadas como el IESE y el Instituto de Empresa se encuentran entre las 15 mejores escuelas de negocios del mundo (según un ranking reciente del Financial Times). el autor del artículo concluía que el problema no se debía a una incapacidad española para generar instituciones de elite, sino al desastre del sistema educativo español y del universitario en particular, con sus culpables interesados. Coincido con el análisis.

En un contexto donde la corrupción desatada tenía cobertura legal, pero en el que se creaban universidades y plazas de profesores por doquier, los más brillantes encontraban un hueco en alguna parte. José A. de Azcárraga, en un artículo publicado en Las Provincias el 27 de febrero, señalaba que "la Comunidad Valenciana, a juzgar por su oferta académica, sus cinco universidades públicas y sus múltiples sedes, es casi tan rica como el Estado de California que, con un PIB cincuenta veces mayor y treinta y seis millones de habitantes (sería la séptima potencia económica mundial), tiene un sistema público con sólo diez universidades". Los políticos (de uno y otro bando) llevan años vendiéndonos lo mucho que se preocupan por la enseñanza universitaria, y aireando datos de universidades creadas y número de licenciados, pero nadie parece haber reflexionado sobre la deficiente calidad de esos centros, de su profesorado y de sus licenciados. Pero esa locura se acabó. Las últimas cohortes del baby boom abandonaron ya la universidad, el número de alumnos desciende, y muchas universidades languidecen sin recursos, sin alumnos (por tanto sin mucha actividad docente que ofrecer a la sociedad que las mantiene) y sin capacidad de investigación (debido a un profesorado reclutado "de aquella manera"). Se hace inaplazable un cambio de rumbo que garantice que, a partir de ahora, las universidades se regirán por criterios de méritos. Nunca es tarde si la dicha es buena.

La Lou es la ley de universidades aprobada a finales de 2001, y diseñada para corregir el estado de cosas descrito. Lamentablemente no se ha tenido el coraje suficiente para defender la ley que se demostró para aprobarla. Aquellos contra quienes se diseñó la nueva normativa, incompetentes y maleantes, pero que mandaban, están a punto de tumbarla mediante un viejo -viejísimo- truco: sentar precedentes. Mediante presiones políticas quieren saltarse los requisitos que la ley impone (tramos de investigación, proyectos financiados mediante concursos competitivos). De todos es sabido -al menos los anglosajones lo tienen claro- que las normas son discutibles, pero que su aplicación no puede serlo, pues de lo contrario pierden toda fuerza moral. Descargando una presión brutal al más alto nivel, algunos están a punto de conseguir que a ellos no se les aplique la norma (para seguir mandando y chupando del bote como eméritos unos años más hace falta un tramito de investigación, esa palabra que se escribe sin hache y con uve), y automáticamente eso supondrá la muerte de la LOU, sin tocar una coma. Dejará de hablarse de criterios para hablarse de "a quién le toca trincar ahora". Lo curioso es que serán políticos del PP los que la entierren la nueva ley en vida. Para alguno de ellos sólo se trata de hacerle un favor a un amiguete (miren los altos cargos en instituciones del Estado que son además docentes universitarios, quiero suponer que a tiempo parcial. ¡Ay, qué cara nos va a salir a todos la tesis doctoral de don Rodrigo!), pero para la universidad significará la pérdida de toda esperanza. Sinceramente yo esperaba que tarde o temprano la batalla por la regeneración de la universidad española se perdería, porque el peso de la grasa acumulada es demasiado grande ya para resolver el problema sin cirugía, pero no deja de sorprenderme una derrota tan temprana, y a manos de la corrupción generada en torno al propio PP. Pelearon a brazo partido por sacar adelante la reforma y ahora la abandonan, como si ese despojo no tuviera nada que ver ya con ellos.

El artículo de Juan Vicente Sánchez-Andrés entristece mucho, pero también deja abierta la puerta a la esperanza. La desesperación sólo tendría justificación si uno acaba "dándose cuenta que la sociedad no espera mucho", y que "nuestro país no echa de menos una universidad que bien funcione, como el ciego de nacimiento no echa de menos la luz, porque no la ha visto nunca". Si eso no es así surgirán instituciones que den cauce a esa demanda social y a la potencialidad de nuestro país para satisfacerla, aunque sea al margen de la universidad. Las magníficas escuelas de negocio de nuestro país son una prueba de que se puede avanzar sin el Estado, o a pesar de él.